El Consejo de Ministros confirmó a Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado hasta 2027, según se informó el viernes. García Ortiz, quien ha ocupado el cargo desde julio del año pasado, continuará al frente de la institución bajo el gobierno de coalición. Antes de asumir este puesto, García Ortiz fue mano derecha de Dolores Delgado en el cargo de fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica.

La renovación en el cargo ocurre después de que el Tribunal Supremo estimara parcialmente un recurso presentado por otro candidato a fiscal de la Sala de lo Militar. Este fallo ha generado polémica y ha llevado a la anulación del nombramiento de Delgado como Fiscal General, lo que pone en duda la confianza del Gobierno en el actual titular del cargo.

Ante esta situación, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha abstenido de posicionarse sobre la continuidad de García Ortiz como fiscal general. La falta de una postura clara por parte del Gobierno ha generado incertidumbre sobre el futuro de la institución.

Además, 18 fiscales del Supremo han emitido un comunicado crítico con García Ortiz, acusándolo de ignorar las acusaciones de «lawfare» o persecución judicial con fines políticos contenidas en el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Estos acontecimientos han generado un debate sobre la independencia de la Fiscalía General del Estado y su papel en el sistema judicial. Muchos critican la influencia política en los nombramientos y piden una mayor transparencia en el proceso de selección de los fiscales.

La renovación de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado hasta 2027 plantea numerosas incógnitas y ha generado una gran controversia en el ámbito jurídico y político. La situación actual hace necesario un debate sobre la autonomía e imparcialidad de la Fiscalía General del Estado y su capacidad para garantizar una justicia independiente.