La Guardia Civil lleva a cabo una operación de registro en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Fútbol, según informaron fuentes cercanas a la investigación. Esta medida se enmarca en el marco de una investigación relacionada con el delito de cohecho.

El juez Joaquín Aguirre ha atribuido al FC Barcelona y a otros investigados el delito de cohecho en relación con el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, que está considerada como una entidad de naturaleza pública, a pesar de ser legalmente privada.

En este sentido, se exige al FC Barcelona que entregue el listado de sus presidentes y detalles sobre los directivos imputados. Además, se ha descubierto que Enríquez Negreira, exdirigente arbitral, habría percibido más de siete millones de euros durante un periodo de 18 años.

El juez considera que estos pagos fueron realizados en relación a su cargo en el organismo de arbitraje, pero también afirma que Enríquez Negreira habría realizado actos contrarios a su cargo al asesorar a un equipo específico de Primera División.

En el caso de que el FC Barcelona sea condenado, podría enfrentarse a una multa. Por tanto, se destaca la necesidad de perseguir la corrupción en el fútbol español y se pone de manifiesto la importancia de combatir la corrupción de funcionarios públicos.

Es importante recordar que la RFEF es considerada una entidad de naturaleza pública a pesar de ser legalmente privada. Esto se debe a una reforma introducida en el año 2010 que incluyó el delito de corrupción deportiva en el Código Penal.

En relación con este caso, el juez ha atribuido a los imputados tanto el delito de cohecho pasivo como activo.