El Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, ha llevado a cabo una estrategia para asegurar la «españolidad» de la empresa de telecomunicaciones Telefónica. Esta maniobra consta de dos partes principales.

En primer lugar, el Gobierno ha decidido recomprar el 10% del capital de Telefónica, el cual fue privatizado en su totalidad durante el mandato de los Ejecutivos de José María Aznar. Esta medida busca garantizar el control estatal sobre la empresa y proteger sus intereses nacionales.

En segundo lugar, se ha llegado a un acuerdo con los bancos BBVA y CaixaBank para crear un «núcleo duro» de accionistas. El BBVA es el resultado de la fusión de los bancos privados Banco de Bilbao y Banco de Vizcaya con el banco público Argentaria. Por su parte, CaixaBank ha adquirido Bankia, que fue intervenida y rescatada con dinero público, lo que significa que el Estado aún conserva una parte de su capital.

Es importante señalar que estas operaciones fueron realizadas por personas cercanas al Gobierno de Aznar, lo que suscita cierta polémica. En el pasado, se construyó un sector empresarial privado en España gracias al sector empresarial público, lo cual ha sido objeto de debate en la sociedad española.

El economista Jesús Mota denominó a esta operación de privatización como «la gran expropiación», ya que fue una de las transacciones económicas más importantes en la historia del país desde su entrada en la Unión Europea y la adopción del euro.

Existen opiniones encontradas sobre si los criterios para las privatizaciones tenían como objetivo mejorar los servicios para los ciudadanos o simplemente captar ingresos y formar un grupo empresarial al servicio del Partido Popular. Según Joaquín Trigo Portela, director ejecutivo de la patronal catalana, existen tanto defensores como detractores de las privatizaciones en el país.

La operación de Telefónica podría marcar un cambio en el paradigma de las privatizaciones en España, lo que generará un importante debate en el ámbito político y económico del país.