El Tribunal Constitucional de Perú ha ordenado la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. La decisión del tribunal contradice una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado peruano no lo sacara de prisión.

En su argumentación, el tribunal ha señalado que la CIDH no tiene la competencia para ordenar directamente la no decisión de una orden judicial. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, ha afirmado que la sentencia del tribunal debe acatarse y prevalecer sobre la resolución de la Corte Suprema.

Cabe destacar que Fujimori había recibido un indulto humanitario en 2017, el cual fue revocado en 2018. En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional concedió un habeas corpus a favor del expresidente. Sin embargo, el juez encargado de ejecutar la sentencia de liberación decidió no llevarla a cabo, lo que generó desacuerdos dentro del propio Tribunal Constitucional.

El abogado de Fujimori se ha pronunciado desde la prisión y ha asegurado que se encargará de los trámites necesarios para la liberación de su defendido.

No obstante, diversos expertos y organizaciones internacionales han manifestado su descontento con esta decisión, argumentando que la liberación de Fujimori no es adecuada ya que fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos. Cabe recordar que Fujimori fue condenado por ser el autor intelectual de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

En este sentido, los familiares de las víctimas lamentan esta decisión y consideran que sus derechos han sido menospreciados. Organizaciones defensoras de derechos humanos también han mostrado su preocupación ante la liberación de Fujimori.

Esta noticia ha generado un amplio debate en el país, resaltando las discrepancias entre el Tribunal Constitucional y la CIDH, así como la polémica en torno al cumplimiento de la condena de Fujimori y la justicia para las víctimas de sus crímenes.