En el centro penitenciario de Fontcalent en Alicante se ha suscitado un caso relacionado con la identidad de género en el sistema carcelario que ha generado un debate sobre cómo abordar estas situaciones y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los internos.

Un recluso con antecedentes penales declaró su identidad de género como mujer mientras cumplía su condena en el módulo masculino. Ante esto, solicitó ser trasladado al pabellón femenino, lo cual fue aceptado, y fue trasladado al pabellón de mujeres.

Sin embargo, este caso tomó un giro inesperado, ya que el recluso estableció una relación con otra interna en el pabellón de mujeres que resultó en un embarazo. Este suceso ha generado interrogantes sobre las políticas y regulaciones relacionadas con la identidad de género en las prisiones.

Hasta el momento, el Ministerio del Interior no ha realizado modificaciones en la instrucción que rige este tema para adecuarla a la Ley Trans que se implementó en febrero de este año. A pesar de esto, datos de Instituciones Penitenciarias revelan que hay un total de 79 personas trans en las cárceles españolas, excluyendo Cataluña y el País Vasco.

Aunque aún se desconoce cuántos reclusos han solicitado un cambio de género desde la entrada en vigor de la nueva ley, es evidente que la instrucción 7/2006 sigue siendo la normativa vigente en asuntos relacionados con la identidad de género en las prisiones. Esta normativa permite cambios de módulo o centro penitenciario para personas trans, sin que sea necesario un cambio en su identidad jurídica.

Cabe destacar que se exige que el personal de la prisión utilice el nombre correspondiente a la identidad de género del interno, excepto en documentos oficiales. A pesar de esta medida, el caso mencionado ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y actualizar las políticas y normativas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los reclusos, sin importar su identidad de género.