La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa histórica a dos gigantes tecnológicos, Amazon y Apple, por valor de 194 millones de euros por restringir la competencia en la distribución de productos de telefonía. Esta sanción se produce tras una investigación que reveló que ambas compañías establecieron acuerdos que limitaban la venta de productos de Apple en la plataforma de Amazon en España.
Estas prácticas fueron consideradas anticompetitivas, ya que dificultaron la promoción de marcas competidoras en la plataforma de Amazon y afectaron negativamente a la competencia en el mercado de productos de telefonía. Como resultado, la CNMC ha decidido que Amazon deberá pagar 50,5 millones de euros y Apple deberá pagar los 143,6 millones restantes.
Cabe destacar que esta no es la primera vez que ambas empresas se enfrentan a este tipo de sanciones. Tanto Amazon como Apple ya han sido multadas en otros países de la Unión Europea, como Italia y Francia, por prácticas similares que restringen la competencia en el mercado. Estas multas son una manera de evitar que grandes compañías tecnológicas abusen de su posición dominante y perjudiquen a otros actores del mercado.
La imposición de esta multa por parte de la CNMC envía un claro mensaje a las grandes empresas tecnológicas, recordándoles que deben respetar las leyes de competencia y permitir un entorno justo y equilibrado para todos los actores del mercado. Además, esta sanción demuestra el compromiso de las autoridades españolas en la defensa de la competencia y la protección de los consumidores.
En conclusión, la CNMC ha multado a Amazon y Apple con una histórica cifra de 194 millones de euros por restringir la competencia en la distribución de productos de telefonía. Ambas empresas han sido acusadas de establecer acuerdos que limitaban la venta de productos de Apple en la web de Amazon en España, lo que afectó la competencia y dificultó la promoción de marcas competidoras en la plataforma. Esta multa se suma a las sanciones impuestas en otros países de la Unión Europea y demuestra el compromiso de las autoridades españolas en la defensa de la competencia y protección de los consumidores.