El jueves por la noche, el gobierno ruso emitió un decreto del presidente Vladimir Putin sobre «detalles» de las normas anticorrupción «para algunos ciudadanos durante la operación militar especial» en Ucrania.

Según esta disposición, el personal militar, policial y de los servicios de seguridad que operan en Ucrania, así como otros funcionarios públicos que fueron enviados allí, «ya no están obligados a proporcionar información sobre sus ingresos, gastos y bienes».

Esta medida también se aplica a los «cónyuges e hijos menores» de las personas en cuestión y tiene efectos retroactivos desde el 24 de febrero de 2022, fecha en que comenzó la ofensiva en Ucrania.

Además, las personas en cuestión ahora tienen derecho a recibir “primas y donaciones” si son “de carácter humanitario” y “recibidas en relación con la participación en la operación militar” en Ucrania.

Esta nueva disposición es parte de las medidas de incentivo del Kremlin para empujar a los rusos a irse a luchar en Ucrania: promesas de grandes recompensas, servicios bancarios e inmobiliarios, ayuda financiera a las familias en caso de muerte o lesiones, etc.

En Rusia, el personal militar y los funcionarios cercanos al complejo militar-industrial son condenados regularmente en casos de corrupción y malversación de fondos de alto perfil.